I. Intentos de definición

1. Sociedad civil y espacio público político

a - La Mano Invisible
b - Libertad colectiva
c - Sociedad civil como espacio público político

2. Sociedad civil como cooperación social

3. Intento de síntesis: Sistema político y espacio público

1. Sociedad civil y espacio público político

"Sociedad civil" (zivil Gesellschaft) es la retraducción del término ya existente en alemán "sociedad ciudadana" (bürgerliche Gesellschaft) [Ansgar Klein, der Diskurs der Zivilgesellschaft, Dissertation, Berlin 1999], acuñado por Hegel en su filosofía jurídica para describir un espacio autónomo frente a la esfera natural de la familia y de la esfera superior del Estado, en donde los ciudadanos como personas privadas persiguen sus intereses legítimos (en primera línea, económicos), resuelven sus conflictos y, en determinada medida, regulan sus cuestiones. Sin embargo, el retorno a Hegel no lleva más allá, ya que con la retraducción de civil, se introdujo un acento que cobra alto significado en el actual uso del idioma.

Virtud pública
El concepto de sociedad civil se nutre de la relación de tensión entre el Estado y la sociedad civil. En la historia de las ideas políticas, no obstante, Estado y sociedad no se confrontaban en principio, sino que se identificaban uno con la otra. En la Antigüedad, en la polis griega y en la república romana, Estado y sociedad significaban lo mismo, en tanto mujeres, esclavos y otros individuos dependientes de ellos quedaban excluidos del Estado y de la sociedad y eran considerados propiedad de los ciudadanos en la esfera privada. Se trazaba un claro límite entre la actividad política del ciudadano en la sociedad y en el Estado -el espacio público- y la persecución de sus intereses (económicos) privados. Se otorgaba mayor valor a la actividad pública y, contrariamente, se consideraba que las cuestiones económicas privadas o personales no merecían ser discutidas, su regulación era una condición que permitía la participación de los ciudadanos en el espacio público. En el contexto de sus intereses privados, se consideraba que los ciudadanos eran egoístas y limitados. Solamente en el espacio público podía confirmarse nuevamente la consistencia de la polis o de la república. Como sujetos privados y económicos, los ciudadanos se encontraban siempre en una relación hacia los no libres y los no iguales, y desde esta perspectiva, ellos mismos eran no libres. En el espacio público comunicaban con libres e iguales y, de esta forma, se confirmaban como libres. [Hannah Arendt. Tradition und Neuzeit,ein: Zwischen Vergangenheit und Zukunft, Übungen im politischen Denken I, München 1994, pág 21 ss]
La degradación pública de lo privado y lo económico no sólo reside en el desprecio altanero hacia el trabajo propio de todas las sociedades pre-burguesas, se basa -como lo demostró Hannah Arendt- en una valoración más profunda de los principios de acción que dominan a ambas esferas [Hannah Arendt, Vita Activa oder vom tätigen Leben, München 1991, pág. 161ss]. La esfera económica está bajo el dictado de la producción de cosas. Producir es transformar material natural según determinado plan. Es un acto de poder sobre la naturaleza, a la que se arranca el material, como también sobre el material que es transformado. El productor es libre, al menos en el comienzo de su actividad, cuando ha decidido crear el producto, después está sometido a las particularidades del material y a las indicaciones de su plan. En situación contraria al productor se encuentra el actor político (el que acciona en la esfera política), que, libre de obligaciones naturales o económicas, comunica con sujetos otros libres. Básicamente, el resultado de esta comunicación está abierto. Aun cuando el que actúa siga un plan, lo acordará, transformará o abandonará en la interacción política con los planes equiparables de otros ciudadanos. Detrás del desprecio de lo económico está la negación de tratar a los ciudadanos como material de un plan, y con ello, como no iguales. El concepto de accionar político se encuentra en oposición a la política concebida filosóficamente -en el sentido de un Platón-, que no es el resultado de un proceso abierto de entendimiento, sino que se fundamenta en un saber superior obtenido a partir de la comunicación libre.

La Mano Invisible

Al confrontarse la ciudadanía con el Estado absolutista, se transformó la relación entre Estado y sociedad que en la Antigüedad se consideraba una relación de identidad. El Estado absolutista basaba su legitimidad en las tradiciones sacras corporizadas en la persona del monarca y que, al igual que la persona misma del monarca, estaban más allá del proceso de comprensión racional; los derechos y obligaciones eran distribuidos por los monarcas según su buen parecer. En sentido contrario, los filósofos liberales del siglo 18 declaraban la autonomía de la esfera privada y económica de la sociedad. La antigua valoración de Estado y sociedad se invirtió: la producción de cosas y el comercio con ellas en el ámbito de los intereses privados cobró mayor dignidad que el accionar político reservado a las clases inactivas, la sociedad de los individuos se convirtió en el lugar de la libertad, en tanto el Estado fue equiparado a opresión y obligación. [Thomas Paine, Common Sense, Stuttgart 1982, pág. 7] La competencia privada de los productores y comerciantes garantizaba que el bienestar de todos se viera más favorecido en el contexto del libre juego de las fuerzas dirigido por una mano invisible, que por el accionar del Estado. El Estado se vio reducido a un artefacto superfluo o, en todo caso, a una garantía de la seguridad interna y externa, en tanto la sociedad representaba un orden natural o conformado según la naturaleza. Los teóricos liberales "descubrieron" a la sociedad como el accionar conjunto de personas individuales, que calculan sus ventajas materiales, accionar que no está ordenado por instancia política alguna, ni asegurado por ninguna autoridad sagrada ni dirigida por ningún actor en forma conciente. Este accionar conjunto obedece legitimidades que, al igual que las leyes de la naturaleza, se imponen más allá de los individuos y debe inmunizarse frente a las intervenciones de una instancia externa como es el Estado en pos del bienestar de todos.

La crítica marxista de la sociedad burguesa -la crítica de la política económica- denuncia la mecánica inconsciente y descontrolada del conjunto social y la contrapone a la cooperación consciente y voluntaria de los individuos, aunque no vuelve al principio del accionar político en el sentido vigente en la Antigüedad. Por el contrario, desvaloriza una segunda vez a la política, en tanto degrada al Estado como apéndice de la sociedad civil, como comisión ejecutiva de la clase dominante. A esta política degradada y burguesa se contrapone una política orientada a la superación de la condición burguesa. No obstante, esto no significaba la reposición de la política comunicativa, sino que reducía la política a la persecución de un plan -un acto de producción en el sentido señalado por Hannah Arendt- cuyo cianotipo ya existía bajo la forma de las legitimidades y contradicciones de la sociedad burguesa descubiertas por Marx y sus sucesores. Este plan se basa en una perspectiva científica y elude a la revisión como resultado posible de la comunicación política. Para los marxistas ortodoxos, el concepto "revisionismo" ya era una mala palabra.

Libertad colectiva

La oposición burguesa contra el Estado absolutista mostraba ya rasgos ambivalentes en la valoración de la relación entre Estado y sociedad. La sociedad, confrontada al Estado, no sólo era la competencia económica de sujetos económicos independientes entre sí, también era el "público" que razonaba sobre el Estado en los salones, clubes de debate y gacetas, es decir que se atrevía a someter el accionar del Estado (del Monarca) a una evaluación. [La transición del espacio público representado en las cortes a la opinión pública racional burguesa es el tema de Jürgen Habermas en Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied/Berlin 1968] Con la llegada de una opinión pública que razona, diferenciada de la representación pública de la monarquía, se instaló una segunda transformación de las relaciones entre Estado y sociedad: la revolución burguesa, en la que la sociedad ocupó el espacio político reservado originalmente a los monarcas. En las revoluciones burguesas de Francia y Nueva Inglaterra se sintió un eco, aunque pasajero, del énfasis en la política propio de la Antigüedad; con la diferenciación de bourgeois y citoyen (burgués y ciudadano) se invirtieron los valores de la esfera privada económica y la político pública por segunda vez. A la legalidad propia de la economía capitalista se le contrapuso el control colectivo de los ciudadanos libres e iguales sobre su destino; a la libertad negativa de los sujetos económicos privados se opuso la libertad positiva del accionar público [Charles Taylor, Negative Freiheit. Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, Frankfurt 1992 ]. El control colectivo de los ciudadanos sobre su destino no sólo no limitaba a las leyes naturales de la sociedad, sino que las relaciones económicas debían ordenarse de modo que se ajustaran a los principios del "autogobierno". De acuerdo a Thomas Jefferson éste no era solamente el caso en el contexto de una economía agraria con pequeños propietarios y productores. La gran industria, que creó una clase baja desposeída, no puede unirse al principio del autogobierno y no por la injusticia en la distribución, sino porque los ciudadanos desposeídos no estaban en condiciones de cumplir con sus derechos y deberes públicos, es decir, de disfrutar de la suerte de la libertad pública. [v. Michael Sandel, America's Search for a New Public Philosophy, en: American Monthly Nr. 3, 1996]

En el siglo XVIII, el acento puesto en la libertad colectiva y en el principio del autogobierno democrático condujo a una radical redefinición de la política: la política como accionar de ciudadanos libres ya no estaba escindida de los referentes sagrados o trascendentes, sino también de las tradiciones. "Como el pasado ya no ilumina el futuro, el entendimiento tantea en la oscuridad" [Alexis des Tocqueville, Sobre la democracia en América,, Stuttgart 1985, pág.. 360] - con estas palabras Alexis de Tocqueville cerró la descripción de la democracia norteamericana. La libertad política se pagó con la pérdida de todas las seguridades tradicionales. "En los certificados de nacimiento de las sociedades modernas (de las constituciones modernas) está inscripta como distintivo particular la autonomía de sus miembros", y ellos podrían por primera vez "concebirse en sentido estricto como seres sin dueño". [Günter Frankenberg, Die Verfassung der Republik, Frankfurt 1997, pág. 14] Las sociedades modernas confrontan a sus miembros con la "exigencia activista", a partir de la cual conforman su orden político sin recurrir a otra autoridad que la de las decisiones tomadas por ellos mismos en forma colectiva. Cuando no se puede disponer de verdades preconcebidas investidas de certezas religiosas, identidades prepolíticas o sistemas científicos, el único lugar en que los ciudadanos pueden comunicar sobre su comunidad, es el espacio público. El resultado de este proceso colectivo de decisión básicamente es abierto y altamente riesgoso. En los dos siglos siguientes a las revoluciones burguesas se tomaron decisiones equivocadas que, casi siempre, desembocaron en el rechazo de la exigencia activista buscando amparo nuevamente en las verdades sustanciales, los colectivos prepolíticos ficticios o sistemas científicos -lo que en general conducía a catástrofes seguras. No hay garantía alguna en cuanto a que la "exigencia activista" sea acatada; es de naturaleza normativa. Pero no hay alternativa. Ningún conocimiento de expertos, ningún optimismo en el progreso, ninguna ley de mercado, ninguna competencia por la radicación de empresas, ningún gobierno ni religión pueden quitarle a los ciudadanos la toma de decisiones fundamentales sobre su destino en el ámbito de la comunicación pública.

Sociedad civil como espacio público político

La sociedad civil es, por una parte, la conjunción de los sujetos económicos aislados entre sí, que buscan optimizar su bienestar sobre la base de un cálculo racional en un mercado anónimo. El mecanismo que coordina este accionar es el contrato celebrado voluntariamente, protegido por el derecho y el Estado. El contenido de la sociedad como sociedad económica está garantizado por sus regulaciones legales objetivas, y el Estado conquistado por la sociedad burguesa tiene el deber de garantizar la seguridad interna y externa y proteger los derechos privados de los sujetos económicos. La igualdad de las partes intervinientes en el contrato es formal, esconde la desigualdad básica de los ingresos, bienes y poder. La igualdad de las partes es sólo apariencia, tal como lo señalaban los primeros teóricos del movimiento obrero y representantes del feminismo hacia la misma época. [v. Donald Sassoon, One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth Century, London/ New York 1996, pág. 407 ss] En este contexto, los derechos ciudadanos de las mujeres y desposeídos se contemplaron en escasa o ninguna medida hasta avanzado el siglo 20.

Al mismo tiempo, la sociedad ciudadana como sociedad civil es el espacio público en donde los ciudadanos pueden y deben disponer libremente de sus aptitudes. Al espacio público le es inherente una dinámica que impide que determinados grupos sociales (varones, propietarios) se reserven los derechos políticos (John Stuart Mills, en su mayor fracaso publicitario, se expresó contra la limitación de los derechos de las mujeres, lo que ningún fundamento racional podía legitimar). [John Stuart Mill, The Subjection on Women, London 1985]. En la esfera política, contrariamente a lo que sucede en la sociedad, rige la "igualdad simple": cada voto cuenta por igual. Básicamente, no hay ninguna prohibición que fundamente la desigualdad "natural" de la esfera social en la esfera política. Incluso quienes están postergados en la sociedad tienen derecho a conformar asociaciones para luchar por la mejora de su situación, o bien para obligar al Estado a garantizar mayor igualdad en el seno de la sociedad. En la sociedad civil o política los individuos no son mónadas aisladas, sino que están vinculados a través de las más diversas asociaciones; al mismo tiempo, el espacio público está atravesado por intereses y sistemas de valores antagónicos, que, en cierta medida, parten de las desigualdades generadas en la esfera social económica. La guerra ciudadana de las asociaciones o fracciones ya queda neutralizada por la sola convención (establecida en la Constitución), que estipula que los miembros de dichas asociaciones les conceden a los demás el principio de igual libertad política en cuanto a desenvolverse en el espacio público, y desisten de ejercer violencia sobre los otros miembros de la sociedad en la lucha por sus intereses, ideas y valores. La autolimitación de asociaciones de la sociedad civil excluye per definitionem federaciones secretas, grupos vanguardistas que actúan en nombre de un saber superior, fundamentalistas y autodenominados representantes de colectivos sustanciales ficticios como pueblo o raza. [Frankenberg, a.a.O., pág. 54] El pluralismo y la apertura de las decisiones que se toman en el espacio público a través de debates públicos, también excluye que estas decisiones queden cerradas a futuras revisiones en forma irreversible.

No hay tema alguno que no pueda y no deba ser objeto de discusiones públicas. La economía capitalista tampoco se sustrae del debate público, del mismo modo que no existe esfera privada alguna que sea considerada tabú y quede al margen de su abordaje público (precisamente en los últimos años, algunos temas como el papel de las mujeres, la violencia sexual, el fracaso de la familia en el contexto de la socialización, etc. marcaron el debate público). El campo de acción de la sociedad civil, por lo tanto, no permite que lo pauten temáticamente: toca todas las cuestiones, temas e intereses que las personas y asociaciones toman y traen al debate abierto frente a un público para discutirlo e intentar instalarlo. En este marco es por demás posible que los ciudadanos convocados para el activismo acepten una serie de decisiones relevantes -en determinadas circunstancias, la gran mayoría- sin pasar por la discusión pública, y que delegen competencias de decisión a representantes elegidos o representantes de intereses profesionales. Pueden establecerse rutinas en los procesos de toma de decisiones que involucren a la opinión pública sólo parcialmente, o no lo hagan en absoluto. En la compleja realidad de la democracia de masas, la opinión pública tiende a ser desplazada por un management de decisiones rutinizada, profesional, administrativa y tecnocrática. No obstante, a esto cabría contraponer que, también la delegación de decisiones en manos de representantes de intereses, estuvo, por una parte, precedida generalmente por debates y decisiones públicas (el representante del pueblo electo tiene que haberse confrontado con la opinión pública al menos en la contienda electoral; las rutinas administrativas se fundan en leyes que alguna vez fueron debatidas abiertamente). Por otra parte, las rutinas administrativas, las competencias de decisiones delegadas y los mecanismos de representación de intereses pueden volver a ser tema de debate en cualquier momento, aun cuando quienes tengan poder de decisión intenten construir áreas secretas e impermeabilizar sus rutinas a la acción de la opinión pública invocando deberes supremos.

Considerando que sociedad civil y espacio público político coinciden, la pregunta inicial en cuanto a qué asociaciones deben atribuirse a la sociedad civil, toma un nuevo matiz. Sin embargo, así como no puede determinarse cuál es el campo temático legítimo para el debate público, tampoco se puede responder esta pregunta a partir del alcance cuantitativo, sino solamente desde el punto de vista de la utilización de la opinión pública. Cuando un sindicato negocia un convenio colectivo con una federación patronal a puertas cerradas, no actúa como organización de la sociedad civil en el sentido descrito. Sin embargo, en el momento en que demanda comprensión para sus reivindicaciones a través de los medios de comunicación -y en realidad recién cuando despliega sus pancartas frente a una empresa- se dirige a un público (por supuesto que se trata de un público diferenciado y socialmente estratificado), que es convocado a tomar partido, aun cuando la mayoría de este público no tenga interés directo en lograr un resultado determinado en la negociación. De esta forma se expone a un riesgo, y es que el público rechace las reivindicaciones planteadas y debilite de esta forma la posición del sindicato en la negociación. Cuando un partido político determina en la trastienda qué candidatos presentará en las próximas elecciones o que fórmula de sistema jubilatorio apoyará, negocia fuera de la sociedad civil; en el instante en que impulsa a los votantes a delegar su voto, acciona a nivel público y a riesgo. El Automóvil Club Alemán actúa a nivel de la sociedad civil cuando participa del debate en torno a las ventajas y perjuicios del transporte automovilístico. Tal como el sindicato y el partido político, esta organización debe presentar los intereses particulares de sus clientes como totalidad o al menos como algo generalizable, y con ello, se expone al riesgo del rechazo por parte del público. Algunas personas corren un riesgo aun mayor, cuando se dirigen a la opinión pública como individuos sin estar cubiertos por el marco institucional de una asociación.

2. Sociedad civil como cooperación social

Pensamiento común y cooperación espontánea

Contra la equiparación de sociedad civil y espacio público político -el campo de actividad de la sociedad civil-, se puede objetar que la totalidad de las actividades atinentes a la sociedad civil quedaría inadmisiblemente sesgada. Existe una serie de asociaciones voluntarias sin fines de lucro y que no tienen carácter de secta de vanguardia, ni fundamentalista o fanática, y que cumplen tareas sociales sin que sus responsables figuren en las primeras planas de la agenda pública. Por lo general, estas actividades no corren paralelas a las grandes líneas de conflicto de la sociedad (el conflicto entre trabajo y capital) ni se ubican en sistemas de valores antagónicos (conservadores vs. progresistas), o en posiciones pro o contra (interrupción del embarazo), sino que intentan tender un puente práctico entre los conflictos sociales. La sociedad civil en la democracia podría situarse, en primer término, allí en donde los ciudadanos salen de su ámbito de intereses privados y de sus actividades lucrativas y se tornan "socialmente" activos, en el sentido de asumir un compromiso social: en un puesto ad-honorem de una organización de caridad, cuidando niños o personas que necesitan asistencia en el barrio, protegiendo el medio ambiente o a través del trabajo comprometido para apoyar a las víctimas de un huracán en Nicaragua. Expresándolo en forma un tanto exagerada: la sociedad civil existe allí en donde el concejal demócrata-cristiano, el docente socialdemócrata, el funcionario sindical local, el dueño del hotel, el granjero ecologista y el cristiano comprometido actúan conjuntamente y más allá de sus diferencias para realizar proyectos que hacen a los intereses de todos los involucrados -sea que se oponen a la instalación de una tubería en el Mar del Norte o demandan más vacantes en un jardín de infantes-.

La sociedad civil en este sentido cumple tareas sociales que superan a la familia y que no son defendidas por las organizaciones de representación de intereses establecidas, o al menos no en la suficiente medida, y que ni el mercado ni el Estado pueden resolver en forma adecuada. El Estado puede intervenir a través de prestaciones sociales allí donde fracasa el mercado, pero su instrumentario tiene un filtro demasiado grueso como para captar los problemas que surgen a nivel local y resolverlos. Una comunidad sensible socialmente, una colectividad religiosa o una asociación pueden construir respuestas más ajustadas para los problemas sociales, y hacerlo en forma más eficiente y efectiva que la burocracia social.

Algo similar puede decirse del medio ambiente natural o cultural: para los sujetos de mercado -las empresas- la preservación del medio ambiente es un factor de costos, y bajo la presión de la competencia intentarán externalizar los costos de la preservación ambiental. El Estado puede intervenir con leyes y reglamentaciones, que, no obstante, también resultarán demasiado generales como para responder a cada problema específico. La sociedad civil se incorpora aquí también como último eslabón de una cadena de fracasos institucionales, haciéndose cargo de la distribución más afinada de las soluciones a los problemas que se planteen.

En este sentido, la sociedad civil es más efectiva que el Estado, ya que produce un agregado en la solución de las tareas que ella misma se planteó y que la burocracia social no lleva adelante: cumple con sus tareas comunicativamente. El significado del apoyo que una comunidad religiosa le otorga a un miembro no sólo radica en los recursos materiales que se le transfieren, sino también en la comunicación ofrecida. Las actividades de la sociedad civil superan el aislamiento y fortalecen la cohesión social. En este contexto, la sociedad civil puede situarse también allí en donde los ciudadanos se asocian para desarrollar actividades en un ámbito social, que desde lo público no resultan significativas ya que no se trata de tomar decisiones que afecten algún aspecto comunitario -por ejemplo, cuando realizan conjuntamente actividades relativas a sus intereses culturales, bailan en un grupo o hacen deportes-. Estas actividades, que en un primer momento pueden parecer puramente privadas, constituyen directamente o en forma mediata instancias de solidaridad social, en tanto impiden que la sociedad se divida en mónadas egoístas. Esto no lo puede garantizar el Estado, ni tampoco el mercado. Por el contrario: mientras que la competencia en el mercado obliga al aislamiento egoísta, la sociedad civil actúa terapéuticamente brindando un contexto de cooperación social surgido de los daños y asperezas propios de la competencia. El Estado, por el contrario, el sistema político en sentido estricto, está demasiado alejado de los problemas cotidianos de los ciudadanos para poder fundar la cohesión social por sí solo; la participación política, como se da, por ejemplo, en las elecciones, se reduce a actos singulares y esporádicos que no pueden generar por sí solos conciencia de la necesidad de estar integrado a una comunidad.

En este sentido terapéutico, la sociedad civil no está vinculada a determinadas asociaciones, si bien las ONGs, los grupos de autoayuda, las asociaciones barriales, las comunidades religiosas y las organizaciones de caridad son señaladas una y otra vez como la sustancia misma de las asociaciones de la sociedad civil. Sin embargo, un sindicato también puede ser activo en este sentido cívico-social, y no sólo porque festeje el Primero de Mayo u ofrezca asistencia a sus miembros en diferentes aspectos, sino porque en tanto actúa cooperativamente en el lugar del conflicto entre trabajo y capital, no instala ni agudiza el conflicto, sino que tiende un puente para su superación. También una empresa es una instancia social "de paso", no sólo no separa a los individuos , sino que los vincula. La competencia de las mónadas aisladas y racionalmente calculadoras también se ve complementada y atravesada en la esfera laboral por la cooperación y comunicación que no se rigen por las leyes del mercado, sino que apuntan primariamente a la solución de problemas y a la toma colectiva de decisiones. Pese a que las reglamentaciones de la relación laboral y la jerarquía a nivel d la empresa apuntan a aislar a los trabajadores y a reducir sus espacios, las empresas no podrían sostenerse en el mercado si no contaran implícitamente con la comunicación y cooperación no remuneradas de sus trabajadores.

¿Sociedad civil como comunidad?

La sociedad civil en el sentido de la cooperación espontánea de sus ciudadanos recuerda a la antítesis planteada por la vieja sociología entre comunidad y sociedad [Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Darmstadt 1991, pág. 31 ss], retomada recientemente por los comunitaristas norteamericanos recientemente. Esta diferenciación fue posible recién después de que la sociedad civil se constituyó como esfera autónoma.En las antiguas ciudades-Estado apenas habría sido comprensible una diferenciación entre sociedad y comunidad: se trataba de federaciones sociales que podían abarcarse de un vistazo (al menos desde la perspectiva de las elites), en las cuales el accionar colectivo todavía se realizaba por medio de relaciones personales. La comunidad se forma según el modelo de la familia, las relaciones de dependencia y cooperación son de naturaleza personal y tienen matices emocionales. La comunidad se construye en el ámbito de lo próximo; según Ferdinand Tönnies, la ciudad es el mayor espacio posible que puede organizarse comunitariamente. Las relaciones comunitarias son relaciones concretas, dependen del entorno local específico, de sus tradiciones y de todos los valores compartidos por los miembros de la comunidad. En sentido opuesto, la sociedad descubierta por los teóricos liberales se caracteriza porque las relaciones entre individuos no están mediadas personalmente; el descubrimiento consistió precisamente en que un contexto social también se puede conformar en forma espontánea sin una base personal y familiar, a través de contratos e intercambios. Las relaciones sociales son universales y abstractas.

Una traducción de sociedad civil en comunidad sería problemática en varios sentidos. Las sociedades modernas superan per definitionem el ámbito de vigencia de la relaciones personales, teñidas de matices emocionales. Los procesos de entendimiento de la sociedad civil pueden tomar su punto de partida en las relaciones comunitarias, no obstante deben apuntar básicamente a incorporar a quienes son ajenos a ese entendimiento. Deben apelar a lo "universal" o al menos a lo generalizador, aquello que va más allá de las comunidades particulares con sus mecanismos específicos de inclusión y exclusión. El entendimiento propio de la sociedad civil se realiza entre iguales, mientras que las comunidades se caracterizan con frecuencia por las jerarquizaciones tradicionales de los desiguales (ej. la familia). En la comunidad puede prescindirse de la desigualdad social (es decir, la que se basa en la actual situación en el mercado). En su lugar se sobreentiende -y no se cuestiona- una especie de desigualdad natural basada en diferencias de rango, de sexo o de edad. Cuando se da -como en el nacionalismo- que toda una sociedad es entendida como comunidad, la desigualdad social queda opacada y es sustituida por relaciones familiares ficticias. La ficción de la sociedad de individuos compitiendo, queda superada por la segunda ficción, que vincula a estos individuos entre sí nuevamente a través de una ligazón natural en forma casi familiar (y contra otras naciones, pueblos o razas). En este contexto, las relaciones internas del ámbito comunitario próximo se proyectan en forma manipulada en el nivel macro de la comunidad política. El espacio público político del Estado nacional se ve transformado en un estado natural y con ello se le quita su sustancia democrática. La "exigencia activista" destinada a los ciudadanos, es delegada a las instancias pre-políticas y a sus sumos sacerdotes.

El retorno comunitarista que traza un límite entre comunidad y sociedad, la calidez emocional y los lazos familiares contra el frío panorama social del neoliberalismo o la racionalidad abstracta del patriotismo constitucional, no puede evitar idealizar a la comunidad. Sin embargo, no hay que dejar de observar que las comunidades reparten ayudas y negativas según criterios no justificables, tanto hacia su interior como hacia afuera. Para quienes están adentro o afuera, la comunidad puede significar terror, mientras que el anonimato de las sociedades modernas también ofrece protección. En caso de duda, la comunidad local también puede convertirse en una masa asesina, en tanto que el Estado de derecho democrático y el Estado social burocrático distribuye prestaciones "sin ver a la persona".

Potencial del espacio público

Cuando hay una proximidad determinada de la sociedad civil como contexto de cooperación hacia referentes comunitarios, esto no implica que la sociedad civil deba entenderse como una especie de comunidad popular modernizada. Si el concepto sociedad civil habrá de conservar su potencia, la cooperación social deberá poder referirse siempre a los criterios presentados de sociedad civil como espacio público. [v.. Frankenberg, pág.. 55]. Esto significa, en primer lugar: las asociaciones de cooperación social tienen carácter básicamente abierto, la pertenencia está abierta a todo aquel que acuerde con los fines de la asociación. Segundo, los miembros de estas asociaciones se reconocen en su condición de profanos, como libres e iguales. Tercero, las decisiones colectivas se toman como resultado de procesos de entendimiento con final abierto. Cuarto, finalmente las actividades de las asociaciones de la sociedad civil se dirigen al menos potencialmente a la opinión pública -lo que significa, que los objetivos de la asociación pueden presentarse como asuntos de interés de toda la comunidad-. La opinión pública no necesariamente debe ser siempre la "gran" opinión pública a nivel nacional, como si sólo las actividades y asociaciones que salen en el noticiero diario pudieran contar con el sello de dignidad de la sociedad civil. La opinión pública también existe en diferentes niveles: en la empresa, en la comunidad, en el barrio. Lo decisivo no es el alcance cuantitativo, sino los principios de entendimiento y el carácter generalizador. Un club de fútbol no se convierte en una asociación de la sociedad civil porque sus miembros jueguen fútbol, sino porque -exclusivamente porque- sus miembros toman las decisiones relativas a la asociación en un proceso de entendimiento abierto, y el partido de fútbol organizado también puede transmitirse a quienes no son fanáticos de este deporte, como una actividad que tiene un potencial de interés generalizable (en este caso, por ejemplo, la superación del aislamiento, la socialización de los jóvenes, la promoción de virtudes como juego limpio, el compromiso, la capacidad de actuar en equipo, etc.). También en este contexto no se puede catalogar a las asociaciones de la sociedad civil según la lógica del alcance (¿quién pertenece y quién no?), sino que lo que sucede más bien es que una serie de asociaciones contienen un potencial en términos de la sociedad civil. Dependerá del accionar de esas asociaciones si ese potencial se activará y en qué forma.

3. Intento de síntesis: Sistema político y espacio público

La contradicción entre una concepción de la sociedad como mecanismo que escapa al accionar consciente de sus miembros, cuyas regulaciones legales se imponen a espaldas de los individuos, y un concepto político esencialmente comunicativo, se manifiesta una vez más en la oposición entre la teoría de sistema y una comprensión comunicativa de la política, que -según Jürgen Habermas- se orienta al "mundo vital", es decir, a un espacio en donde, sobre la base de valores compartidos, pueden tener lugar procesos de entendimiento, cuyos resultados no se determinan por medio de las exigencias del sistema. [v.. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1980]. La vuelta a un concepto comunicativo de la política no significa, naturalmente, que la dinámica propia de sistemas autorreferenciados sea negada; no obstante, le fija límites.

Los representantes de las teorías de sistemas o de involución democrática, argumentan que el monopolio de una elite administrativa sobre el conocimiento político relevante torna los procesos de decisión impenetrables a la opinión pública, que por su parte, ya sólo puede definir quiénes ocuparán los puestos de conducción a través de actos electorales periódicos. Los cuadros de conducción política ya no son definidos por los electores, y por lo tanto, son intercambiables. Pueden o deben decidir según la perspectiva de la racionalidad del sistema. En este contexto, las elites administrativas y políticas, junto a los grupos socialmente poderosos (las organizaciones más importantes de la representación de intereses económicos) se unen brevemente a circuitos funcionales autónomos y de esta forma eluden tanto al Parlamento -que, en realidad, ya sólo tiene la última palabra pro forma-, como también a la opinión pública no parlamentaria, a la que el sistema se dirige básicamente con fines manipuladores. La legitimación democrática de la política no sólo funciona a través de procesos de entendimiento y convencimiento: como subsistema social autónomo, la política ha desarrollado sus propios códigos, que ya no pueden ser retraducidos al lenguaje cotidiano (y al mundo vital) sin quiebres; la legitimación no tiene lugar en el contexto de lenguaje cotidiano sino por la conservación de las reglas de procedimiento. Esta perspectiva del sistema político como un sistema cerrado en sí e impermeable al accionar político se ve reforzado por los efectos manipuladores y despolitizantes de los medios masivos: en lugar de una opinión pública racional, irrumpe el infotainment de los medios, que no necesita un público estimulado para la acción, sino consumidores pasivos. Según la lógica de la economía de la publicidad, la política se escenifica a sí misma y produce los resultados que los medios necesitan, en tanto que los medios colocan a la opinión pública en un nivel que representa las percepciones y prejuicios de los consumidores de medios. En esta línea argumental, la invocación de una "exigencia activista", con la que una democracia confronta a sus miembros, es sólo un pálido recuerdo sobre la fase de formación del Estado democrático, un recuerdo que, de todos modos, es útil para la construcción de las democracias de masas modernas. La convocatoria a la participación inherente a a todas las constituciones democráticas es un mandato cuya solución se trasladó inmediatamente al sistema de gobierno.

La perspectiva de la teoría de sistemas sobre la democracia, que se tradujo en una teoría de las obligaciones objetivas de la economía de mercado, no deja ver que los circuitos funcionales no permiten ser aislados de la comunicación política. En la medida en que las decisiones tomadas según puntos de vista funcionales también deban ser fundamentadas como si fueran resultado de procesos de entendimiento, se abren a las objeciones de la opinión pública. Esto se torna visible cuando el sistema o uno de sus subsistemas deja de funcionar fluidamente, y los ciudadanos "en sus papeles complementarios como trabajadores y consumidores, como asegurados y pacientes, como contribuyentes al sistema tributario y clientes de las burocracias estatales, como estudiantes, turistas, miembros activos del tránsito, etc. se ven confrontados de determinada manera con las exigencias y fallas específicas de los correspondientes sistemas de servicios" [Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt 1993 pág. 442] Las experiencias de los ciudadanos se debaten en primer término en los espacios internos de las comunidades -en el lugar de trabajo, en el barrio, etc.-, si bien siempre pueden trasladarse a la opinión pública política en forma cerrada y compactada. En la opinión pública se abstrae el trasfondo privado o comunitario concreto de estas experiencias. Sin embargo, al mismo tiempo, "también se alcanza la orientación hacia el entendimiento predominante en la práctica cotidiana, en el marco de una comunicación entre extraños, que se desarrolla a grandes distancias en espacios públicos complejamente ramificados" [ibid, pág. 449]. La sociedad civil es el sistema de transporte, que impulsa experiencias elaboradas -en una primera instancia- en lo privado hacia la opinión pública política en condiciones comunicacionales transformadas, aunque no resueltas por la comprensión en el ámbito del lenguaje cotidiano. La relación entre sistema político y sociedad civil puede describirse entonces como una relación entre un centro político y la periferia de la sociedad civil, en donde los proced imientos democráticos de la conformación de opinión y de voluntad actúan como compuertas por donde deben pasar los temas y demandas actualizados en la sociedad civil, si es que han de convertirse en decisiones con carácter vinculante [ibid, pág. 449]. Esto significa que el margen de acción de la sociedad civil (en condiciones democráticas) también es limitado: los actores de la sociedad civil disponen de influencia, pero no de poder [ibid, pág 449].

A través de Jürgen Habermas pueden distinguirse tres grupos de actores de la sociedad civil: en primer lugar, las organizaciones que pueden identificarse con determinados ámbitos funcionales establecidos en la sociedad y que, como partidos políticos o federaciones de intereses, "... impactan sobre la opinión pública a partir de un sistema de acción especificado funcionalmente" [ibid. pág. 449] Existe la posibilidad de que estas organizaciones ocupen el espacio público e instrumentalicen estrategias para el mismo. Sin embargo, sólo pueden hacer esto si toman las experiencias de los ciudadanos y organizan procesos de comprensión (o al menos los simulan) y enfrentan el riesgo -como se mencionó anteriormente- de ser rechazados por el público. Habría que distinguir a un segundo grupo respecto del primero mencionado, que sólo toma temas que no se refieren a ámbitos funcionales establecidos, y que no disponen de organizaciones reconocidas de representación de intereses. Este grupo de actores se desenvuelve en dos planos: por un parte actúan como organizaciones establecidas, en tanto utilizan el espacio público e intentan impactar sobre el sistema político; es decir, actúan estratégicamente. Por otra parte, toman como temas cuestiones de la sociedad civil y del espacio público; no parten de un espacio público dado con espectros temáticos limitados convencionalmente, sino que buscan la ampliación de este espacio, sea a través de temas nuevos, de nuevos grupos de participantes o de derechos de participación ampliados. [ibid, pág. 449] Este segundo grupo de actores representan en la forma más clara la "particular autoreferencia del accionar público" (Habermas): quien no utiliza el espacio público instrumentalmente y en forma rutinaria, tematiza el principio de la opinión pública mismo y, de esta forma, pone en marcha una dinámica de radicalización democrática.

El tercer grupo de actores son los mismos publicistas de los medios, que prestan espacios de resonancia para las iniciativas de la sociedad civil, pero que al mismo tiempo están sometidos a las particularidades del aparato mediático. Al menos en tiempos de calma política, pueden engarzarse los circuitos funcionales mencionados entre elite administrativa y poder social, en tanto seleccionen temas rutinariamente y los elaboren en forma estandarizada. En determinadas circunstancias, sin embargo, también los medios deberán tomarán impulsos de la sociedad civil y convertirse en foros de debates público.